PRONUNCIAMIENTO

Ante el intento de la coalición autoritaria en el Congreso, de destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en un proceso de investigación sumarísimo, diversos sectores de la sociedad peruana, de entidades internacionales y otros Gobiernos venimos levantando nuestra voz de protesta y rechazo al régimen que la coalición está construyendo desde el Parlamento y el Gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola. En ese marco, más de 60 organizaciones sociales, políticas e institucionales nos hemos convocado para impulsar una estrategia conjunta y de mediano plazo frente a esta ofensiva.

La presentación de los integrantes de la JNJ en el Congreso y el debate público han demostrado la inconsistencia jurídica y política de la moción presentada por el bloque autoritario para removerlos. Este intento de avasallamiento de la JNJ tiene como antecedente el copamiento del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, y apunta al control total del Poder Judicial, así como del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Advertimos que la captura de estos organismos acelerará el proceso de consolidación de un régimen político autoritario en el país, cuyo objetivo inmediato es consolidar la continuidad del bloque en el poder para el mediano y largo plazo. En este propósito confluyen la búsqueda de impunidad de acusados y procesados por abuso de autoridad, corrupción y violación a los derechos humanos, situación en la que se encuentran varios congresistas, la fiscal de la nación, la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros, así como los líderes de varias organizaciones políticas con representación en el Congreso.

En este contexto evidenciamos dos hechos adicionales sumamente graves para nuestra convivencia democrática. La máxima instancia del Ministerio Público está desmantelando a los equipos de fiscales dedicados desde hace varios años a dos casos emblemáticos contra la corrupción, que son Lava Jato y los Cuellos Blancos del Puerto. Asimismo, ha recrudecido la campaña para imponer el retiro de nuestro país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dejando en la indefensión a las peruanas y peruanos, sobre todo en un contexto en que se reclama justicia por las ejecuciones extrajudiciales y masacres ocurridas en diciembre de 2022 y enero del presente año.

Es necesario mantener la movilización activa contra el copamiento de la JNJ, la cual es parte de una lucha por la democracia con justicia social. En ese marco son importantes las diversas iniciativas y movilizaciones ciudadanas, como la convocada por la CNUL y la ANP para este 12 de octubre, la cual respaldamos. También, emplazamos a la JNJ para que tome las medidas pertinentes para sancionar a la Fiscal de la Nación, ante el evidente conflicto de interés en los casos de su hermana y de los Cuellos Blancos del Puerto.

¡Por Vida Digna con Justicia y Democracia!

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