NOTA DE PRENSA
Víctimas y familiares del conflicto armado interno (1980–2000), de las protestas sociales de 2020, de las masacres de 2022–2023 y de casos de violencia policial ocurridos entre 2025 y 2026, junto con organizaciones de derechos humanos, se reunieron en la conferencia de prensa “Todas las víctimas. Una sola voz. ¡No a la impunidad!”, donde advirtieron que el próximo gobierno de Keiko Fujimori representa un grave riesgo para el derecho a la justicia, tras la aprobación de un conjunto de leyes de impunidad impulsadas por Fuerza Popular y respaldadas por el Congreso saliente.
Las y los participantes presentaron un pronunciamiento conjunto, en el que sostienen que la llegada del fujimorismo al Ejecutivo no constituye un hecho aislado, sino la continuidad de un proceso de concentración de poder y desmantelamiento de los contrapesos democráticos. Asimismo, cuestionaron el paquete de leyes aprobado en los últimos años —entre ellas la ley de amnistía y la ampliación de las competencias del fuero militar policial— por considerar que debilita el acceso a la justicia, favorece la impunidad y pone en riesgo los avances alcanzados por las víctimas en las últimas décadas.
“Keiko Fujimori ha venido gobernando el país desde el Congreso, con una mayoría fujimorista que ha impuesto leyes para arrebatarnos nuestros derechos a la verdad y la justicia”, señaló Gisela Ortiz, hermana de Enrique Ortiz, estudiante de La Cantuta asesinado durante el régimen de Alberto Fujimori y representante de las familias de personas desaparecidas. “Estas normas buscan garantizar la impunidad de agentes del Estado responsables de violaciones de derechos humanos y evidencian una continuidad en la estrategia para controlar las instituciones que deben proteger los derechos de la ciudadanía”, agregó.
Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que “defender la memoria es también defender la democracia. La memoria no es un tema del pasado, es un tema sustancial para evitar que las violaciones de derechos humanos vuelvan a ocurrir”. Asimismo, advirtió que “la agenda de este nuevo gobierno para los familiares y la comunidad de derechos humanos es una agenda de impunidad, porque se ha buscado proteger a violadores de derechos humanos con leyes de prescripción, de amnistía y del fuero militar, sin importar las vidas, el sufrimiento y las décadas de exigencia de justicia”. Agregó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus organizaciones miembros continuarán acompañando a las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.
Durante la conferencia, las víctimas advirtieron que el actual contexto no solo amenaza los procesos judiciales en curso, sino también la independencia del sistema de justicia y el trabajo de quienes defienden derechos humanos. En ese sentido, exigieron la derogatoria de las leyes de impunidad, el respeto a las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado peruano y garantías para que las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos continúen en la jurisdicción ordinaria.
Roger Ruiz, padre del músico Eduardo Ruiz “Trvco”, asesinado durante el gobierno de José Jerí, recordó las dificultades que enfrenta su familia para acceder a la justicia. “Mi hijo salió a exigir justicia y fue asesinado por un policía cuando regresaba a casa. Su caso debía permanecer en la Fiscalía de Derechos Humanos, pero fue derivado a una fiscalía común. Desde entonces, el Estado nos ha dejado solos; mi familia y mi nieto están completamente desprotegidos”, afirmó.
“Exigimos la derogatoria de las leyes de impunidad y el respeto a la independencia judicial para que las investigaciones no sean desviadas y las víctimas podamos acceder a la justicia”, agregó.
Asimismo, hicieron un llamado a las fuerzas democráticas y a la comunidad internacional para mantener una vigilancia activa frente al deterioro del Estado de derecho en el Perú y evitar nuevos retrocesos en materia de derechos humanos. Recordaron que la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición constituyen obligaciones permanentes del Estado y no pueden quedar supeditadas a decisiones políticas.
“Nos tratan como cifras, como si nuestros familiares fueran un número más. Pero quienes estamos aquí somos familias incompletas que seguimos esperando justicia. Existen pruebas suficientes para juzgar a los responsables y, sin embargo, quienes cometieron violaciones de derechos humanos reciben reconocimientos y beneficios. Las verdaderas víctimas son nuestros seres queridos, a quienes les arrebataron la vida y sus proyectos de futuro”, afirmó Milagros Samillán, hermana de Marco Antonio Samillán, médico asesinado durante las protestas de 2022–2023.
“También hablo por los sobrevivientes, que siguen enfrentando el abandono y la indiferencia del Estado. Hacemos un llamado a las fuerzas democráticas a defender el Estado de derecho y a no permitir que continúe el avance de la impunidad. No puede haber reconciliación sin justicia”, agregó.
La conferencia reunió, por primera vez, a víctimas de la violencia estatal de distintos periodos y a organizaciones de derechos humanos, quienes reafirmaron su decisión de actuar de manera articulada frente al avance de la impunidad y de continuar defendiendo la memoria, la verdad y la justicia como pilares fundamentales de la democracia.
PRONUNCIAMIENTO
Ni olvido ni impunidad: la democracia se afirma con memoria y respeto a los derechos humanos
Las y los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y las organizaciones defensoras de derechos humanos nos pronunciamos ante el ascenso de Keiko Fujimori a la Presidencia de la República, que no representa un relevo democrático, sino la consumación de una estrategia de continuidad autoritaria y de quiebre del orden institucional. Más que el acceso al sillón presidencial, advertimos el desmantelamiento previo de los contrapesos democráticos y la captura de instituciones del Estado.
La promesa de «gobernar como su padre» constituye una amenaza de retorno a un régimen autoritario y corrupto que utilizó el aparato estatal para cometer graves violaciones de derechos humanos. Se trata de crímenes por los que Alberto Fujimori fue condenado por la justicia peruana y cuya memoria el país no puede ni debe olvidar.
Keiko Fujimori ha venido gobernando desde el Congreso, sosteniendo gobiernos funcionales a sus intereses. La presencia en el oficialismo de personas vinculadas a la dictadura de Alberto Fujimori, al montesinismo y al régimen de Dina Boluarte confirma que no estamos ante un gobierno nuevo, sino frente a la rearticulación de un mismo aparato de poder orientado a profundizar el autoritarismo y garantizar la impunidad.
Advertimos que esta estrategia se basa en el blindaje de responsables de graves violaciones de derechos humanos y corrupción, así como en la persecución de quienes ejercen oposición política, defienden derechos o exigen justicia. En ese contexto, exigimos garantías efectivas de no repetición, la derogatoria de las leyes de impunidad y leyes «procrimen». Denunciamos, igualmente, el uso de la Ley APCI para bloquear la defensa legal de las víctimas y hostigar a las organizaciones de derechos humanos.
La persecución contra jueces y fiscales que se niegan a aplicar normas inconstitucionales evidencia el ataque a la independencia judicial y debilita uno de los principales contrapesos democráticos, dejando a las víctimas de ayer y de hoy en mayor situación de vulnerabilidad.
La memoria histórica constituye un baluarte fundamental frente al autoritarismo. Por ello, quienes buscan consolidar la impunidad intentan reescribir la historia mediante discursos de odio, estigmatización y negacionismo.
Rechazamos todo intento de relativizar, negar o distorsionar las graves violaciones de derechos humanos, así como de borrar los crímenes de los perpetradores.
Reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y reivindicamos la dignidad de los familiares de las víctimas de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000, de las víctimas de esterilizaciones forzadas y de quienes han sufrido la represión estatal durante los gobiernos de Merino, Boluarte y Jerí, asi como los recientes casos de abuso militar y policial.
Exhortamos a las bancadas democráticas a impedir cualquier intento de profundizar el autoritarismo. El rol de la oposición no es la coexistencia, sino la resistencia ética y política. Por ello, exigimos que, bajo ninguna circunstancia, se ceda la conducción del Senado ni de la Cámara de Diputados al fujimorismo o a sus satélites. Constituiría la capitulación frente al Ejecutivo.
La comunidad internacional no puede permanecer indiferente frente al deterioro de la democracia y los derechos humanos en el Perú. Hacemos un llamado a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que mantengan una vigilancia activa y acompañen los esfuerzos en defensa de los derechos humanos. El Estado peruano mantiene obligaciones internacionales ineludibles que no desaparecen con el cambio de gobierno.
Finalmente, las víctimas, las personas defensoras de derechos humanos y los colectivos ciudadanos no hemos sido doblegados. La organización comunitaria constituye nuestra principal garantía para recuperar la democracia.
¡Frente a la agenda de impunidad, respondemos con organización, memoria, solidaridad y esperanza!
- Familiares Víctimas de Desapariciones Forzadas durante el Conflicto Armado Interno 1980 al 2000 – CN. FAVIDEFO.
- Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca (AFAVPDA)
- Asociación de Familiares de Víctimas, Torturados, Asesinados, Desaparecidos, Detenidos, Secuestrados y Ejecutados de Cayara- ASFAVITADEC.
- Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (ANFADET)
- Familia de Melissa Alfaro Méndez (1991)
- Familiares caso Cantuta (1992)
- Margarita Rojas, presidenta de la Asociación de víctimas de esterilizaciones de AMAEF Chumbivilca, Cusco.
- Rosa Lapa, presidenta de la Asociación de víctimas de esterilizaciones de Angaraes Huancavelica
- Maribel Meza presidenta de la Asociación de víctimas de esterilizaciones de Vilcashuamán, Ayacucho.
- Familiares de Inti Sotelo Camargo, protestas 2020
- Familiares de Víctor Santisteban, protestas 2023
- ONAFAVIC 2022-2023
- Roger Ruíz, papá de Trvko, Protesta 2025
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS
- Movimiento Manuela Ramos
- Instituto de Defensa Legal (IDL)
… Siguen firmas
