- Representantes de gremios, comerciantes, transportistas, pueblos indígenas y organizaciones feministas expusieron ante la CIDH la expansión del crimen organizado en el Perú y denunciaron la falta de protección estatal frente al sicariato, la extorsión y la violencia en los territorios.
En una audiencia realizada el jueves 20 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil, gremios y liderazgos indígenas expusieron ante la CIDH cómo el avance del crimen organizado en el Perú está cobrando vidas, debilitando comunidades y afectando derechos fundamentales ante la falta de respuestas del Estado.
El encuentro se desarrolló en modalidad híbrida, con intervenciones transmitidas desde la sede de la CNDDHH en Lima. En la actividad participaron representantes de transportistas, comerciantes, pueblos indígenas y colectivos feministas. Además, otros grupos y colectivos afectados por la criminalidad acompañaron el desarrollo de la jornada, portando pancartas con mensajes como “No queremos morir”, “Basta de sicariato” y “Derogatoria de leyes pro-crimen”, exigiendo medidas urgentes frente al avance de la criminalidad.
Durante su intervención, la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Tania Pariona, advirtió sobre la expansión delictiva en territorios urbanos, rurales e indígenas, señalando que “el país atraviesa una expansión acelerada del crimen organizado que captura instituciones, debilita el Estado de derecho y deja amplias zonas sin protección efectiva”. Pariona alertó también sobre el impacto de las decisiones del Congreso: “Las leyes pro-crimen y las restricciones al espacio cívico hoy facilitan el accionar delictivo y aumentan la vulnerabilidad de la sociedad civil”.
A su turno, el representante del sector transporte, Julio Campos, expuso la situación crítica de los conductores, uno de los gremios más golpeados por el sicariato y la extorsión. “Más de 56 transportistas han sido asesinados este año. No son cifras: son padres, hermanos y compañeros que salieron a trabajar y no regresaron”, afirmó. También denunció la normalización de los pagos extorsivos: “Si no pagamos, nos amenazan. Si denunciamos, nos matan. En el Perú, trabajar no debería ser una sentencia de muerte”.
Por su parte, la empresaria de Gamarra Judith Pancca relató la situación de los comerciantes del principal emporio textil del país, donde más de 30 trabajadores han sido asesinados este año. “Hoy, en el Perú, pareciera que la vida de una persona trabajadora vale menos que la bala que la asesina”, señaló. Pancca denunció además filtraciones de denuncias desde las propias comisarías: “Salimos de la comisaría y, a los pocos minutos, los extorsionadores ya saben exactamente lo que dijimos. ¿Quién les da esa información?”. Criticó también la respuesta estatal: “Mientras el país se desangra en manos del crimen, el gobierno responde con espectáculos mediáticos, represión y estados de emergencia que no frenan la violencia”.
Durante su intervención, el Apu Julio Cusurichi, líder amazónico y miembro del Consejo Directivo de AIDESEP, expuso la situación de los pueblos indígenas afectados por economías ilegales como la tala, la minería y el narcotráfico. “Desde nuestras propias comunidades hemos tenido que crear guardias indígenas por la ausencia del Estado. Lo hacemos porque nuestras vidas, nuestros bosques y nuestros hijos están en riesgo permanente”, advirtió. Cusurichi también señaló la presencia de redes criminales en varios territorios amazónicos y la falta de protección para defensores y defensoras ambientales.
También participaron organizaciones feministas, representadas por María Ysabel Cedano, miembro del Grupo de Trabajo contra la Impunidad en Violencia Sexual, quien subrayó el impacto diferenciado del crimen organizado en mujeres y personas LGBTI. “En el Perú, ser mujer trans es vivir con una sentencia de riesgo impuesta por el Estado”, afirmó. Cedano recordó los casos de Ámbar Calle, Paloma Torres y Rubí Rodríguez, asesinadas en contextos donde confluyen trata, explotación y redes criminales, y advirtió que las iniciativas legislativas que buscan desmantelar el feminicidio o limitar las denuncias de violencia “no son retrocesos aislados: son un ataque sistemático que favorece a agresores y violadores”.
Al cierre de la jornada, la CNDDHH presentó un petitorio que incluye la derogación de normas que fortalecen al crimen organizado; investigaciones sobre corrupción estatal vinculada a redes criminales y el cese de la criminalización contra quienes protestan frente a la inseguridad. “El contexto que vive el Perú exige un pronunciamiento firme de esta Comisión”, concluyó Pariona.
Al tomar la palabra, los comisionados de la CIDH expresaron su preocupación por la situación expuesta. La comisionada Andrea Pochak afirmó que “Perú representa el ejemplo más evidente en la región de cómo las políticas de seguridad que no respetan los derechos humanos no solo vulneran garantías fundamentales, sino que además fracasan en su objetivo de reducir el crimen organizado”, subrayando la urgencia de enfoques democráticos y con respeto a los derechos humanos.
La CNDDHH reafirma su compromiso con una seguridad ciudadana democrática, participativa y con enfoque de derechos humanos, recordando que la vida, la integridad y la dignidad deben estar en el centro de cualquier política pública frente al crimen organizado.
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