El Estado peruano mantiene deudas en materia de derechos humanos, diálogo, seguridad ciudadana y participación de los pueblos indígenas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado su Informe Anual 2024, que incluye un capítulo dedicado al Perú y el seguimiento al informe especial sobre las protestas sociales de 2022 y 2023. A pesar de las recomendaciones emitidas hace un año, la CIDH advierte que el Estado peruano no ha cumplido cabalmente con la mayoría de ellas.
Diálogo sin resultados
Aunque el gobierno reporta haber desarrollado espacios como Juntos por la Paz, la CIDH alerta sobre la falta de información clave: quiénes participaron, qué demandas se recogieron, y si hubo resultados concretos. “Es esencial que los diálogos tengan impacto tangible en la formulación de políticas públicas”, advierte.
Excluidos del desarrollo
La Comisión también expresa preocupación por la exclusión sistemática de los pueblos indígenas en decisiones que afectan directamente sus territorios y derechos. Casos como la modificación de la Ley Forestal sin consulta previa son señalados como graves retrocesos. “Estas medidas podrían legalizar e incentivar el despojo de tierras de los pueblos indígenas e, incluso, amenazar su supervivencia física y cultural”, advirtió el Relator Especial de la ONU, citado en el informe.
Racismo estructural sin políticas efectivas
La estrategia “Perú sin Racismo” es vista como un esfuerzo insuficiente. La CIDH señala que se trata de acciones dispersas y sin evaluación real, y recalca la necesidad de un plan pedagógico nacional contra la discriminación.
Militarización del control social
Uno de los puntos más preocupantes es el uso continuado de las Fuerzas Armadas en protestas y estados de emergencia, especialmente en regiones con alta población indígena. “En regiones caracterizadas por población indígena y campesina […] se registraron los episodios de mayor letalidad”, recuerda la CIDH.
A pesar de que el Estado asegura que estas intervenciones militares son “excepcionales”, el informe señala que no hay cambios normativos que garanticen un control civil real ni límites a su intervención.
La CIDH califica como pendientes o parcialmente cumplidas la mayoría de las 36 recomendaciones y reitera la urgencia de una voluntad política para implementar medidas con enfoque de derechos humanos, participación efectiva y justicia para las víctimas.
“El cumplimiento integral de las recomendaciones de la CIDH es fundamental para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos”, concluye.
Revisa el informe completo sobre el capítulo peruano en el siguiente enlace:
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2024/capitulos/IA2024_5_PER_ES.PDF
