Expresamos nuestra más profunda indignación por la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, ocurrida durante la jornada de protesta del 15 de octubre en Lima, y nuestra solidaridad con su familia. El asesinato de este joven artista, padre de un niño de 90 años, constituye una gravísima violación de derechos humanos que amerita una investigación urgente y exhaustiva que concluya en la sanción de los responsables materiales y políticos. Nadie debe morir por ejercer su derecho a la protesta en nuestro país. Asimismo, se reportan 20 personas heridas y 17 detenidas.
La movilización nacional del 15 de octubre tuvo una amplia y diversa participación ciudadana, expresamente en rechazo a José Jerí y al Congreso, que representan lo que amplios sectores ciudadanos denominan una coalición mafiosa. En distintas regiones, estas fueron de forma pacífica y contundente, pero la respuesta del Estado volvió a ser una vez más la estigmatización y la represión indiscriminada.
Condenamos la violencia en todos los contextos y reafirmamos que el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional constituye una grave violación al deber estatal de proteger la vida. Repudiamos que mientras José Jerí y otras autoridades responsabilizan a la ciudadanía, nadie asuma la responsabilidad por el uso extremo de la fuerza frente a ciudadanía y ciudadanos que expresa legítimamente los reclamos de la población.
Denunciamos la actuación de agentes encubiertos y no identificados conocidos como “ternas” en contextos de protesta ciudadana y en los servicios de salud, cuya intervención es ilegal e inaceptable. Su función, establecida en el Decreto Legislativo 1267, fue creada para la persecución del crimen organizado y no para infiltrarse en manifestaciones civiles.
En este contexto, la permanencia de José Jerí y de la actual Mesa Directiva del Congreso resulta insostenible. Exigimos su renuncia y la apertura de una verdadera transición democrática que devuelva al país un horizonte de justicia, respeto a los derechos humanos y reconstrucción institucional.
Lima, 16 de octubre de 2025
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
