Desde la CNDDHH rechazamos la aprobación, en primera votación, del proyecto de ley que amplía la competencia del fuero militar-policial para que militares y policías sean investigados y juzgados fuera de la justicia ordinaria por delitos comunes.
Esta decisión se suma al conjunto de normas impulsadas por el Congreso para debilitar los mecanismos de control, reducir la rendición de cuentas y garantizar mayores espacios de impunidad frente a graves hechos cometidos por agentes estatales.
Combatir el crimen organizado exige fortalecer la justicia, no trasladar a la jurisdicción militar-policial delitos comunes que deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria.
La jurisdicción militar tiene un carácter excepcional y restrictivo. Así lo establecen la Constitución, el Tribunal Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su ampliación vulnera estándares nacionales e internacionales y pone en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas.
En un país que aún enfrenta investigaciones por graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales, el fuero militar-policial no debe ser usado como un fuero de privilegios.
13 de junio 2026
