Tras la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso —y, en consecuencia, encargado de la Presidencia de la República— se consolida la continuidad de una representación ampliamente cuestionada, en un contexto de profunda crisis institucional que ha erosionado la confianza ciudadana y debilitado la estabilidad democrática del país.
La designación de una autoridad con antecedentes públicos cuestionados y con declaraciones que justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes genera una legítima alarma ciudadana y afecta gravemente la confianza en las instituciones. Resultan inaceptables las afirmaciones en las que sostuvo que las relaciones sexuales tempranas —en ausencia de violencia— podrían “ayudar al futuro psicológico de la mujer”.
Tales declaraciones no solo contradicen el marco jurídico nacional e internacional vigente, sino que desconocen estándares internacionales en materia de protección integral de la niñez y adolescencia, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la obligación del Estado de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia sexual.
Desde la CNDDHH recordamos que la legalidad formal de una designación no agota el estándar democrático. La legitimidad se construye sobre la ética pública, la coherencia con los principios constitucionales y el compromiso efectivo con la igualdad y la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Lima, 18 de febrero 2026
