Consenso Nacional por los Derechos Humanos

La agenda que se presenta a continuación ha sido construida de manera participativa por diversas organizaciones sociales y de la sociedad civil. Destacan la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), como impulsora del proceso; la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); la Confederación Nacional Agraria (CNA); la Red Muqui; organizaciones feministas; gremios laborales; colectivos juveniles; así como iglesias y organizaciones basadas en la fe, entre otras. Todas ellas articuladas en redes y coaliciones de alcance local, regional y nacional.

Más de 150 organizaciones, representativas de las 25 regiones de nuestro país, han hecho sus aportes directamente, atendiendo la convocatoria para la construcción de un consenso por los derechos humanos o a través de su participación en eventos cuyas conclusiones han sido recogidas en este documento, que busca reunir las principales expectativas, demandas y prioridades de la población.

Este consenso sólo es viable con la movilización de todos los sectores sociales.

Crisis democrática y precarización del acceso a derechos en el Perú

Somos testigos de una crisis global de la democracia liberal y de las instituciones surgidas en la posguerra, que la sostenían. El reemplazo de la diplomacia y del multilateralismo por el imperio de la Ley del más Fuerte deja a los pueblos a merced de las grandes potencias confrontadas. América Latina, dada la política de seguridad del gobierno de Trump, se encuentra en situación de alto riesgo en su derecho al autogobierno. La fase actual del capitalismo, financiero y extractivista, nos lleva a una crisis climática sin precedentes y con graves consecuencias para la vida.

En Perú, vivimos un largo proceso de precarización de la institucionalidad democrática con la acumulación de poder en el parlamento a través de una modificación profunda de la constitución contra la voluntad popular, el control de instituciones autónomas (JNJ, TC, DP, entre otras) y el fin del equilibrio de poderes, configurándose un autoritarismo parlamentario. La situación actual se caracteriza por la existencia de un pacto de impunidad basado enuna coalición autoritaria y poderosa de actores políticos de un espectro diverso de tendencias, que coinciden en su necesidad de burlar la justicia para asegurar su impunidad. Incluyen en esta lógica a las fuerzas del orden, con quienes mantienen una relación en base a prebendas, manteniendo su cuota de poder a través del uso excesivo de la fuerza para reprimir la acción ciudadana. Esta práctica, que no es nueva, se conecta con las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del orden durante el Conflicto Armado Interno, que ahora se busca dejar impunes. Esta democracia ya no es democracia.

Se lleva adelante una estrategia de reducción del espacio cívico y confrontación con el Sistema Interamericano de DDHH. El gobierno ignora resoluciones de la Comisión y de la Corte Interamericana contrarias a las leyes que promueven la impunidad, a la par que implementa una persecución de la prensa crítica, buscando frenar la acción independiente de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, dictando normas, como la Ley APCI, que buscan amedrentarlas. Desde el pacto de gobierno también se busca reducir la capacidad de investigación del Ministerio Público, hostigar a jueces probos y bloquear pesquisas en curso, usando prerrogativas como antejuicios o reducir los plazos para la prescripción de delitos. Estas acciones impactan colateralmente en el combate al crimen organizado y las economías ilegales y agravan los riesgos de inseguridad. La coalición en el poder busca perpetuarse, existiendo un riesgo de precarización de la autonomía de los organismos electorales (JNE, ONPE, RENIEC) creando condiciones para un proceso electoral nacional, regional y local amarrado a sus intereses. En esta estrategia se combinan herramientas de presión, incluidas las sanciones políticas a adversarios.

Simultáneamente se debilita la capacidad de la Administración Pública de hacer cumplir el Estado de Derecho. Existen ámbitos de la economía y del territorio en los que no hay “imperio de la ley”, con la consecuente consolidación de la informalidad y el crecimiento de economías ilegales[1]. Vivimos un proceso de múltiples capturas del Estado, por grandes intereses, legales e ilegales, facilitado por la corrupción generalizada en espacios de gestión pública como de la administración de justicia, que afecta principalmente a las personas vulnerables.

La lógica extractivista, legal e ilegal, está degradando el ambiente, contaminando recursos hídricos, precarizando ecosistemas frágiles y reduciendo el área de bosque en la Amazonía. Esta depredación, a la par que la actividad ilegal, ocurren con el aval del Estado, por complicidad o por desidia. La criminalización de la protesta y el avance del sicariato impactan directamente en la seguridad de la población, poniendo en riesgo la vida de los defensores indígenas originarios del ambiente y el territorio en la Amazonía, así como de los defensores de derechos humanos en general y periodistas críticos.

Como trasfondo de la crisis política, avanza la desigualdad económica y social. No se frena la precarización de servicios públicos que garantizan acceso a derechos básicos como la salud, la educación o el agua. El uso del poder político sirve para obtener beneficios económicos, bajo prácticas corruptas, con licitaciones y contrataciones públicas amañadas, así como con beneficios tributarios, en sectores como la agro exportación y la minería, mientras que actividades como la pequeña agricultura familiar, están abandonadas mientras el presupuesto se usa para beneficio privado, cuando simultáneamente poblaciones vulnerables, como personas con discapacidad, así como niños, niñas y adolescentes, además de adultos mayores, desaparecen del debate y de la política pública, transformando sus necesidades en responsabilidades de índole familiar, desconociendo su dimensión social.

La precarización de la democracia va de la mano con el avance de ideologías conservadoras que reproducen sistemas de dominación, patriarcal y colonial. El ejercicio del poder de la coalición conformada en el parlamento y el gobierno combate abiertamente el enfoque de género, busca el retroceso de políticas públicas básicas de igualdad de oportunidades y levanta una falsa moralidad basada en la defensa de un único modelo de familia, mientras condena a niñas víctimas de violaciones sexuales, a ser madres. Mujeres y diversidades sexuales están en un escenario de alto riesgo, donde la violencia de género aumenta y vuelve a legitimarse socialmente. La comunidad LGTBIQ+ enfrenta uno de los momentos de mayor adversidad en términos de acoso público desde el poder.

La colonialidad del poder se expresa en el racismo de quienes detentan el poder. Tanto poblaciones indígenas como afrodescendientes sufren la desidia del Estado, agravada por una práctica de despojo que niega la deuda histórica con ambas poblaciones. El reciente acoso a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) es una muestra de esta visión.

Una necesaria afirmación de derechos

Las organizaciones sociales y de la sociedad civil que hemos construido colectivamente esta agenda, expresamos pública y firmemente nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, considerándolos esenciales para una vida digna, plena y sin ningún tipo de discriminación.

1.- Reformas Institucionales y Políticas

Sentar las bases para un nuevo pacto social: que reorganice la relación entre Estado, Mercado y Sociedad para enfrentar la desigualdad, desde un enfoque de derechos, garantizando su ejercicio pleno y asegurando servicios públicos de calidad y descentralizados, para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, promoviendo el buen vivir, priorizando a las poblaciones vulnerables y respetando la diversidad.
Construir una democracia paritaria e intercultural: donde el poder sea ejercido de manera equitativa para lograr una verdadera soberanía popular. Las mujeres merecen un acceso igualitario y sin acoso político a los espacios de decisión, implementándose la paridad y alternancia vertical y horizontal en cargos de elección popular y una cuota mínima en altos puestos de gestión pública y de administración de justicia. Garantizar la representación Indígena y afroperuana con la creación de distritos electorales especiales, así como avanzar en el reconocimiento de gobiernos territoriales autónomos.
Restablecer el Equilibrio de Poderes: Revertir la captura de organismos autónomos (DP, TC y JNJ, entre otros) y frenar la concentración del poder en el Congreso asegurando contrapesos democráticos. Asegurar la autonomía de los organismos electorales para garantizar un recambio democrático del poder nacional, regional y local, así como el respeto a la voluntad popular.
Afirmar el derecho de la vigilancia ciudadana y la fiscalización de las principales autoridades y gestiones nacional, regional y localmente. Hacer de la rendición de cuentas una obligación de la gestión pública.

2.- Justicia, Seguridad y Memoria.

Reforma Integral del Sistema de Justicia: Restructurar, con participación ciudadana, enfoque de derechos y evitando todo tipo de interferencia política partidaria, la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hacer frente al hacinamiento penitenciario y crear subsistemas especializados en sicariato y extorsión y lucha contra la corrupción.
Lucha contra la inseguridad con participación ciudadana: Fortalecer la colaboración entre una Policía reformada y organizaciones sociales como las Juntas Vecinales y Comités de Autodefensa, así como la coordinación entre la justicia ordinaria, justicia especial indígena y las rondas campesinas.
Combatir el crimen y la impunidad: Derogar las “Leyes Pro-Crimen” y “Pro-Impunidad”: que favorecen el crimen organizado y la corrupción, burlando la justicia promoviendo la amnistía de violadores de DDHH o prescripción de delitos, incluidos los de lesa humanidad. Erradicar la impunidad en los casos de violencia de género.
Fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección de derechos y defensa del Sistema Interamericano: Impedir el retiro del Perú del Sistema y acatar las sentencias de la Corte IDH. Defender espacios especializados de acceso a la justicia como el Comité de los Derechos Humanos o de la Niñez en la ONU.
Búsqueda de Desaparecidos y reparaciones integrales: creación de una política pública para la búsqueda de más de 22,000 personas desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno, con participación de familiares y sociedad civil, así como para el cumplimiento de las reparaciones dignas a las víctimas, incluidas las de violencia sexual y esterilizaciones forzadas.
Defensa de la memoria histórica y su relación con graves violaciones de DDHH del presente frente a los intentos de imponer una posverdad que niega los graves crímenes perpetrados contra los DDHH, incluyendo una defensa de la producción cultural crítica y comprometida. Cumplimiento de las recomendaciones de la CVR.
Justicia para Víctimas en Protestas Sociales y Ambientales: Asegurar la independencia, imparcialidad y efectividad de las investigaciones de las muertes en las protestas y conflictos sociales, con reparaciones integrales a heridos y deudos.

3.- Defensa y ampliación del Espacio Cívico

Reforma de la “Ley APCI” (Ley 32301): por obstaculizar el derecho a defender DDHH y a las víctimas, así como coactar el trabajo de las ONG y organizaciones comunitarias y sociales.
Cese de la Criminalización de la Protesta: Adecuar las normas nacionales a los estándares internacionales y respetar el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y creación cultural. Frenar el acoso policial, judicial y político a líderes y lideresas sociales y comunitarias, así como a organizaciones defensoras de derechos.
Sistema Nacional de Protección a Defensores y Defensoras: Transitar de un mecanismo burocrático y sin capacidad efectiva a uno integral, con enfoque interseccional que articule el trabajo del Estado con la sociedad civil organizada, implementando medidas de protección real y autoprotección, con asignación presupuestal.

4.- Derechos de los pueblos indígenas amazónicos, andinos, costeños y afroperuanos

Respeto a la Identidad indígena: Derecho a la identidad, a la interculturalidad y a la educación intercultural bilingüe (EIB), desde los saberes y prácticas de los pueblos originarios.
Autodeterminación, seguridad territorial para asegurar el derecho de propiedad de los territorios indígenas. Garantizar el derecho a la consulta previa y consentimiento antes de cualquier actividad, medida legislativa y administrativa que afecte sus derechos. Garantizar la protección de los y las defensoras indígenas ambientales, amenazadas por economías formales y economías criminales, especialmente, las mujeres indígenas.
Protección a los Pueblos indígenas de situación de aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI): Intangibilidad de sus territorios, rechazo a las leyes que buscan su debilitamiento del principio de no contacto.
Reparaciones históricas para pueblos indígenas amazónicos, andinos, costeños y afroperuanos: crear comisiones multisectoriales para resarcir los daños históricos del racismo estructural, del despojo territorial y la esclavitud. Incorporación en el Currículo Nacional del aporte económico, social y cultural de los pueblos indígenas y afroperuanos.

5.- Justicia Ambiental, derecho al agua y soberanía alimentaria:

Derecho a un ambiente sano: Reconocimiento como sujeto de derecho a las fuentes de agua y defensa de los Derechos de la Naturaleza. Territorios vulnerables libres de extractivismo legal o ilegal. Ratificación del Acuerdo de Escazú y construcción de una institucionalidad ambiental participativa.
Justicia hídrica para la protección de fuentes de agua (cabeceras de cuencas). Acceso real al derecho al agua y su cuidado participativo. Garantizar la Soberanía Alimentaria.
Prevención y sanción de la contaminación del ambiente y su impacto en la salud humana.

6.- Igualdad real y una vida libre de violencia:

Defensa de la igualdad y enfoque de género: Derogar normas inconstitucionales, que buscan eliminarlos, así como las leyes que promueven la discriminación. Acceso pleno a derechos sexuales y reproductivos y una Educación Sexual Integral con enfoque de género, basada en evidencia científica y libre de estereotipos. Defensa del acceso al Aborto Terapéutico y despenalizar el aborto por violación.
Garantizar la efectiva tutela de los derechos sociales y economicos libres de toda discriminación. Asegurar igual pago a igual trabajo. Garantizar seguridad social y pensiones dignas. Política para madres solteras, incluidas madres migrantes.
Fortalecer ruta de prevención, atención y sanción a las violencias: con pertinencia cultural y lingüística, garantizando la debida diligencia y la acción integrada de justicia, salud y protección, con énfasis en violencia sexual. Avanzar en nuevas tipificaciones para delitos cibernéticos y sanción efectiva a delito de discriminación y al agravante por crímenes de odio. Protección de Niñas, Niños y Adolescentes frente a la violencia, la trata y explotación sexual.
Derecho a la identidad y desarrollo personal sin discriminación a lesbianas, gays, personas trans, no binarias, bisexuales, intersexuales y más (LGTBI+): promoviendo políticas reales de igualdad, incluida la Ley de Identidad de Género y el Matrimonio Igualitario.

7.- Cuidado real y soporte a poblaciones vulnerables

Sistema Nacional de Cuidados: Combinando la acción pública y de la sociedad en la protección de personas vulnerables. Reconociendo el aporte económico del trabajo doméstico no remunerado, garantizando derechos para las trabajadoras del hogar y asegurando servicios de cuidado como cunas y casas de adultos mayores.
Servicios de salud de calidad y descentralizados, sin discriminación, respetando la diversidad cultural, la identidad y orientación sexual, libres de violencia obstetra
Política Integral para Personas con Discapacidad: Derecho a asistencia personal, apoyo tecnológico. Con servicios especializados y buen trato. Con cumplimiento de la cuota laboral para personas con discapacidad y la transformación de entornos urbanos para asegurar la accesibilidad a espacios públicos y servicios.
Combate a la desnutrición crónica y anemia: con presupuesto y articulación interinstitucional. Asegurar el programa Desarrollo Infantil Temprano (DIT).
Salud Mental: Ampliar y financiar el Sistema Nacional de Salud Mental Comunitaria articulado intersectorialmente para la protección socioemocional, desde un enfoque afirmativo, no patologizante.

Garantizar una Democracia Real y el ejercicio pleno de los Derechos Humanos dependen de una vigilancia ciudadana activa y una movilización popular que impulse un nuevo pacto ético en la sociedad y en la política.

[1] Economías ilegales como: Tala, Minería, Trata de Personas, Tráfico de Terrenos, Narcotráfico y otras.

ANEXO

Pueblos Indígenas

• Titulación Integral: Declarar en emergencia el sistema de titulación para cerrar la brecha de comunidades nativas sin títulos georreferenciados.

• Gobiernos Territoriales Autónomos: Reconocer legalmente la libre autodeterminación y la asegurar el registro personería jurídica colectiva en SUNARP.

• Protección de los PIACI: Garantizar la intangibilidad de las reservas para Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), respetando el principio de no contacto y rechazando leyes que debiliten su protección.

• Reconocimiento de las Guardias Indígenas: Reconocimiento legal de las organizaciones comunitarias de autoprotección como actores legítimos en la defensa del territorio y la seguridad comunitaria.

• Consulta Previa Vinculante: Asegurar que sea informada, Libre y vinculante antes de cualquier proyecto extractivo o medida legislativa.

• Mecanismos de Protección: Ratificar el Acuerdo de Escazú y fortalecer el mecanismo intersectorial para proteger a defensores indígenas del territorio, ambientales y de derechos humanos.

• Reorganización del Ejecutivo: Creación de un Ministerio o Viceministerio de Pueblos Indígenas para centralizar las políticas con enfoque intercultural

• Derogación de leyes regresivas: Es imperativo anular las normativas que favorecen la impunidad y el despojo territorial para garantizar la seguridad jurídica de los pueblos.

• Justicia Intercultural: Fortalecer la ruta de atención contra la violencia con pertinencia cultural y lingüística, asegurando intérpretes y juzgados para mujeres indígenas.

• Representación Indígena: Se propone la creación de distritos electorales especiales y escaños reservados para garantizar la participación de los pueblos indígenas.

Género

• Vida Libre de Violencia: Fortalecer la ruta de atención contra la violencia machista con pertinencia cultural y lingüística. Fortalecer el Sistema Nacional de Prevención (Ley 30364) con enfoque territorial e intercultural, penalizar el acoso sexual callejero y tipificar los transfeminicidios como crímenes de odio. Incluir la desaparición de mujeres como una forma de violencia y la cadena perpetua para feminicidios agravados.

• Servicios de Refugio y Cuidado: Crear red de casas de refugio temporal y centros de acogida permanente con apoyo psicosocial y económico para las víctimas y sus hijos.

• Sistema Nacional de Cuidados: Creación de institucionalidad que reconozca el aporte económico del trabajo doméstico no remunerado y brinde servicios de cuidado accesibles en cada barrio.

. Rechazo a la fusión del Ministerio de la Mujer (MIMP) con otros sectores, exigiendo su fortalecimiento presupuestal.

• Ley contra el Acoso Político: Implementar y sancionar efectivamente los actos que menoscaben los derechos políticos de las candidatas y autoridades electas.

• Salud Sexual: Garantizar servicios libres de violencia obstétrica y asegurar el abastecimiento de tratamientos hormonales y antirretrovirales para la población trans y personas con VIH.

• Matrimonio Igualitario: Modificar el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, garantizando la no discriminación.

• Paridad y Representación: Implementar la paridad horizontal en todas las listas electorales y garantizar un mínimo del 30% de mujeres en cargos de decisión del Ejecutivo y el Sistema de Justicia.

• Derechos Sexuales y Reproductivos: Implementar la ESI con enfoque de género en todos los niveles educativos, basada en evidencia científica y libre de estereotipos, para prevenir la violencia sexual y el embarazo infantil. Despenalizar el aborto en casos de violación, y asegurar servicios de salud libres de violencia obstétrica.

• Ley de Identidad de Género: Aprobar una ley que reconozca la identidad de las personas trans y elimine la patologización en los documentos de identidad.

Justicia y Reparación

• Derogación de «Leyes de Impunidad»: Anular las leyes que establecen la prescripción de crímenes de lesa humanidad (Ley 32107), amnistía para violadores de DDHH (Ley 32419) y las que obstaculizan el trabajo de las ONG (Ley APCI).

• Justicia para el CAI: Continuar la búsqueda humanitaria de los más de 22,000 desaparecidos del conflicto armado interno (1980-2000).

• Justicia y Reparación: Investigaciones diligentes que sancionen a los responsables materiales e intelectuales de los ataques, así como un presupuesto anual para asistencia legal y psicológica a las víctimas y sus familias.

• Reparaciones por el Conflicto Armado Interno (CAI): Modificar la Ley 28592 para incluir y reparar integralmente a las víctimas de violencia sexual y esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1980 y 2000.

Sistema de Justicia

• Reforma Integral del Sistema de Justicia: Se exige una reestructuración de la Policía Nacional (PNP), el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) bajo una conducción civil y democrática, incluyendo la creación de un subsistema penal especializado en delitos complejos como la extorsión y el sicariato.

• Autonomía y Control: Garantizar la independencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y los organismos electorales frente a intentos de captura política. Los titulares de estas instituciones no deben estar bajo investigación por corrupción y deben cumplir con criterios estrictos de mérito.

• Justicia para Protestas Sociales: Investigar imparcialmente las muertes en las protestas de 2022-2023, reactivar equipos especiales de fiscales (Eficavip) y asegurar reparaciones integrales.

• Justicia Ambiental: Implementar el Plan Especial Multisectorial (PEM) para atender a la población expuesta a metales pesados, prohibir la privatización del agua (derogatoria del DL 1620) y reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos.

• Justicia Juvenil: Optimizar el presupuesto para los servicios de justicia juvenil restaurativa con un enfoque preventivo56.

• Sistema Penitenciario: Reforma que resuelva el hacinamiento mediante políticas de «des-prisionización», el uso masivo de grilletes electrónicos y la construcción de al menos cinco nuevos centros penitenciarios de alta seguridad.

Salud

• Servicios públicos de salud de calidad, con buen trato y descentralizados: que la salud no sea privilegio de quienes viven en las principales ciudades del país, sino de todas y todos. Implementar políticas de atención a enfermedades raras con presupuesto adecuado.

• Metas de Salud: Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años a menos del 10% y la anemia en niños de 6 a 36 meses a menos del 20%.

• Vacunación e Identidad: Garantizar el paquete de vacunación completa según la edad y universalizar el acceso gratuito al DNI, asegurando la inscripción en el registro civil durante el primer mes de vida.

• Salud Mental: Implementar un Sistema Nacional de Salud Mental Comunitaria articulado intersectorialmente para la protección socioemocional de NNA, con énfasis en deudos de desapariciones y víctimas de protestas.

Derechos de la infancia

• Educación de calidad, sin corrupción y con inclusión real. Asegurando la formación académica y ética de niñas, niños y adolescentes. Asegurando una educación libre de violencia, erradicando la cultura de la violación instalada en algunos centros educativos, como en los territorios amazónicos que exponen a NNA a enfermedades de transmisión sexual.

• Erradicación del Embarazo Infantil: Adoptar una política nacional para erradicar el embarazo infantil forzado, reconociéndolo como una forma de tortura, y garantizar el acceso al aborto terapéutico y la despenalización en casos de violación.

. Prevención de la explotación Infantil y Trata: Desarrollar programas integrales de prevención de la explotación. infantil con apoyo económico a las familias y fortalecer sistemas de vigilancia contra la trata de personas y explotación sexual.

• Cuota de Representación: Establecer una cuota mínima de 10% de representación para NNA organizados en espacios de toma de decisiones como consultas públicas y audiencias.

• Incremento Presupuestal: Se propone asignar recursos humanos y financieros suficientes al Programa Presupuestal de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) y crear un programa específico de Protección contra la Violencia hacia la Niñez y Adolescencia.

Trabajo y empleo

• Igualdad Salarial y de Trato: Promover una Ley General del Trabajo con lenguaje inclusivo que garantice «igual trabajo por igual salario» y elimine la discriminación por maternidad.

• Trabajadoras del Hogar: Ratificar y cumplir el Convenio 189 de la OIT, asegurando contrato escrito, jornada de ocho horas y salario mínimo.

• Seguridad social y pensiones dignas: fortalecimiento de un sistema que asegure una vejez digna y que confronte el lobby de las AFPs

Educación

• Trayectoria Escolar: Asegurar que NNA en situación de exclusión (zonas rurales, indígenas, migrantes o con discapacidad) concluyan la educación secundaria de manera oportuna.

• Educación Intercultural Bilingüe (EIB): Fortalecer la EIB mediante la creación de UGELes EIB en territorios amazónicos y el financiamiento de materiales educativos producidos por especialistas de cada pueblo indígena.

• Educación Inclusiva: Garantizar el apoyo de profesionales especializados y el fortalecimiento de los Servicios de Apoyo Educativo (SAE) para NNA con discapacidad.

Medio Ambiente

• Gestión Ambiental: Reorganizar instituciones como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional Forestal (SERFOR) para que dependan de un Ministerio del Ambiente fortalecido, asegurando una gestión coherente de los bienes naturales.

• Gestión de Riesgos: Contar con un sistema de gestión de riesgos climáticos con medidas diferenciadas para NNA en el sector educativo, incluyendo infraestructura resiliente y kits de emergencia.

• Regulación de Metales Pesados: Prohibir el uso de sustancias neurotóxicas como el plomo y mercurio en zonas mineras e industriales, regulando estrictamente las emisiones que ponen en riesgo el bienestar de la niñez. Implementar con presupuesto real el Plan Especial Multisectorial (PEM) para atender a los más de 10 millones de peruanos expuestos a sustancias tóxicas,

• Enfoque intercultural y de género que atienda las necesidades específicas de las mujeres defensoras y los pueblos indígenas.

• Derecho Humano al Agua: Prohibir la privatización de fuentes hídricas (derogatoria del DL 1620) y proteger las cabeceras de cuenca como bienes comunes intangibles.

• Transición Energética Justa: Detener la expansión petrolera en la Amazonía y el mar, impulsando energías renovables comunitarias.

Afroperuanos

• Reparaciones Históricas: Se plantea la creación de una Comisión Multisectorial de Reparaciones para el pueblo afroperuano con el fin de resarcir los daños del racismo estructural y la esclavitud.

• Visibilidad Afroperuana: garantizar su representación política mediante escaños reservados y asegurar en el Currículim Nacional de Educación el aporte del pueblo afroperuano a la cultura, la sociedad y la economía.

Personas con Discapacidad

• Personas con Discapacidad: Exigir accesibilidad universal en espacios públicos y cumplimiento estricto de la cuota laboral (5% en sector público, 3% en privado).

Cumplimiento de cuotas laborales: Se exige la fiscalización efectiva y la aplicación de sanciones reales ante el incumplimiento de la cuota laboral (5% en el sector público y 3% en el privado)

• Servicios de Apoyo Educativo (SAE): Es prioritario el fortalecimiento sostenido y el financiamiento real de los SAE para asegurar que la educación inclusiva no sea un proceso trunco

• Descentralización de servicios: Descentralización inmediata de los servicios especializados de salud y rehabilitación, concentrados en Lima, dejando desatendidas a las regiones y zonas rurales. Capacitación de personal y servicios adecuados que la Ley exige como OMAPED.

Sistema Político

• Asamblea Constituyente: Referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política que debe fundar un Estado Plurinacional, Ecológico y Descentralizado que reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos y se base en el principio del Sumaq Kawsay o Buen Vivir.

• Paridad y Alternancia: Se exige la aprobación de leyes que establezcan la paridad horizontal en todos los cargos de elección popular, incluyendo consejos regionales y alcaldías. Garantizar un mínimo de 30% de mujeres en el Consejo de Ministros y en los altos cargos del sistema de justicia.

• Vigilancia y Sanción: Legislar para que el incumplimiento de promesas electorales sea causal de vacancia para las autoridades electas.

Consenso por los Derechos Humanos

Organizaciones que promueven y adhieren

Agroecología para una Vida Nueva Ayacucho
Alianza por la Solidaridad
Amnistía Internacional – Sección Perú
ANDES Amazonas
Asamblea de delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil (ADOSCIL) Lambayeque
Asociación de Mujeres Empresarias de Gamarra – Perú
Asociación Civil Ciudadanía Joven (SERP)
Asociación de Comuneros Cruz Blanca – Catacaos (CODENOR)
Asociación de Defensa Legal y Promoción Social (ADLyPS) Puno
Asociación de Derechos Humanos del Sur (ADEHSUR) Tacna
Asociación de emprendedoras La Sapalacheña
Asociación de Familiares de Víctimas Torturados, Asesinados, Desaparecidos, Detenidos, Secuestrados, Ejecutados Extrajudicialmente y Desplazados de Cayara – (ASFAVITADEC)
Asociación de Familiares desaparecidos de Santo Domingo-Región Huánuco
Asociación de Familias Desplazadas de Lima (ASFADEL)
Asociación de Productores Ecológicos de Salas
Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad
Asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) Puno
Asociación Ecológica León de Huánuco
Asociación Esperanza Chazuta – Región San Martín
Asociación Espíritu Verde Amazónico
Asociación Fe y Derechos Humanos (FEDERH) Puno
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – (AIDESEP)
Asociación Juvenil Por Los Derechos Humanos (AJUDH)
Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (ANFADET)
Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos, Desaparecidos del Perú (ANFASEP) Ayacucho
Asociación Nacional de Productores Agroecológicos (ANPE- ASPROL)
Asociación para el Desarrollo de la Juventud
Asociación Paz y Esperanza
Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA) Cusco
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Asociación Regional Afectados por la Violencia Política (ARAVIPOC) Cusco
Asociación Regional de Desplazados del Centro del Perú (Región Junín)
Asociación Regional de Víctimas de Violencia Política – Puno
Asociación Urpichallay
Cadena Chica Weex
Calandria
Caminos por la Memoria
CEDAP Ayacucho
Central De Rondas de la Comunidad San Juan Bautista De Catacaos
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro de Apoyo a Niños/as Trabajadores – CANAT
Centro de Atención Psicosocial (CAPS)
Centro de Desarrollo Étnico (CEDET)
Centro de Desarrollo Humano (CEDEH) Puno
Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos (LUNDU)
Centro de Iniciativas para el Desarrollo Humanos (CEIDHU) Junín
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) Piura
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CEPRODEH) Arequipa
Centro Derechos y Desarrollo (CEDAL)
Centro Loyola de Ayacucho
Chami Radio La Libertad
Colectivo Kuska
Colectivo LGTBIQ+ – Loreto
Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH Ica)
Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social (CODISPAS) Huaraz
Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
Comité Alto Piura
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) Perú
Comité de Derechos Humanos Alto Huallaga (CODHAH)
Comité de Derechos Humanos de Huacho (CODEH Huacho)
Comité de Derechos Humanos de Ilo (CODEH Ilo)
Comité de Derechos Humanos de Moyobamba (CODEH Moyobamba)
Comité de Derechos Humanos de Pachitea (CODEH Pachitea)
Comité de Derechos Humanos de Pasco (CODEH Pasco)
Comité de Derechos Humanos de Pucallpa (CODEH Pucallpa)
Comité de Derechos Humanos de Putumayo (CODEH Putumayo)
Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Refugiados (COFADER)
Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental de Santa Cruz
Comité vigilantes y monitores ambientales Huamachuco La Libertad
Comité vigilantes y monitores ambientales San Ignacio Otuzco La Libertad
Comunidad Campesina de Vichayal
Comunidad Campesina José Carlos Mariátegui de CONGACHA (Incahuasi)
Comunidad Campesina San Francisco de Asís de Salas- Ronda Campesina
Comunidad Campesina Santa Catalina
Comunidad Campesina Tupac Amaru II
Comunidad Cruz de Mayo
Comunidad de Yanta
Comunidad San Juan Bautista de Catacaos
Comunidad Santa Catalina de Chongoyape
Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP)
Confederación Nacional Agraria del Perú (CNA)
Confederación Nacional de Discapacitados del Perú (CONFENADIP)
Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (FEMUCARINAP)
Consejo Juvenil de Puno
Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima (CMPJ)
Consejo Regional de Juventudes (COREJU) Loreto
Constructores de Paz
CooperAcción
Cooperativa Agraria Renato Rosi San Lorenzo
Coordinadora de Defensa Eco Territorial del Norte
Coordinadora de Trabajo de las Mujeres de Ayacucho – COTMA
Coordinadora del Vaso de Leche de Lima Metropolitana
Coordinadora Macro Regional de VMAC (NORTE)
Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado Interno
Coordinadora Nacional de Víctimas y Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP)
Coordinadora Nacional VMAC.
Corazón de Jóvenes Amazónicos
COREMUCC
CROVAVPA-Apurímac
Defensoras de la vida y la Pachamama/Defensores de ríos La Grama
Defensoras de la vida y la Pachamama/Defensores de ríos Totoramayo
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales – Pasco
Departamento de Dignidad Humana Diócesis de Chosica
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) Cusco
Derechos Humanos y Ambiente – Pasco
EntreDesigualEs
Equipo impulsor de la Escuela Profesional de “Trabajo Social” (Estudiantes Serie 400) de la UNSCH
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS)
Federación de Pescadores Artesanales de Puerto Eten
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP)
Federación Unificada de Pescadores del Norte
Fomento de la vida (FOVIDA)
Fórum Solidaridad Perú (FSP)
Fraternidad Trans Masculina Cusco
FRAVIP-Huancavelica
Frente de Defensa contra la contaminación minera
Frente de Defensa del Agua de la Cuenca del Rio Lurín (FEDAC-L)
Frente de Defensa del Distrito de Reque
Frente de Defensa Salvemos Chaparrí
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Gafas Moradas
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) Cajamarca
Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño (GIN)
Grupo de Trabajo de Reparaciones y Memoria (GTRM)
Grupo de Trabajo de Salud Mental (GTSM)
Grupo Impulsor de Semillas Nativas (GRISEN)
Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático
Grupo Iniciativa Economía Solidaria
Grupo interregional de Agua La Libertad
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo (IDEH ILLARY) Puno
Instituto de Desarrollo Urbano (CENCA)
Instituto de Promoción y Educación Popular Comisión de Justicia Social (IPEP CJS) Chimbote
Instituto del Bien Común (IBC)
Instituto Natura
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP)
Instituto Regional para la Paz (IREPAZ) Huánuco
Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género (RUNA)
Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (ISADH) Puno
Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria (ISAIAS) Cusco
Jóvenes Awajun
Jóvenes del Milenio
Junta Administradora de Servicios de Agua y Saneamiento de Mórrope
Justicia y Paz de la Diócesis de Chulucanas
LATINDADD
Las Tejedoras
Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS)
Mancomunidad Municipal Tres Cuencas : Santa – Fortaleza – Pativilca
Maricultores Sechura
Mesa de Discapacidad y Derechos
Mesa Temática de la Juventud
Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático
Movimiento Homosexual de Lima (MHOL)
Movimiento JATARISHUN Huánuco
Movimiento Manuela Ramos
Movimiento Nacional de Niños/as Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú – MNNATSOP
Movimiento No a Ley Antiforestal
MUSUQKUNA Nueva Generación
Ñuqanchik
Oficina de los Derechos Humanos del Periodista (OFIP-ANP)
Organización ADAMA – Santiago de Chuco
Organización de Jóvenes Ñawparisun
Organización de Mujeres de Tambogrande
Organización Mujeres artesanas de Chaparrí
Pastoral de Dignidad Humana Arzobispado de Huancayo (PASSDIH) Huancayo
Pastoral Ecológica-Huancavelica
Perú Equidad
Plataforma Cuenca Río Rímac Centro Labor-Pasco
Plataforma de Afectados – Huamachuco
Plataforma interprovincial de defensa de los intereses de la Región Tumbes
Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas (PLANAMETOX)
Promotores del Movimiento Ambientalista Juvenil Andino (PROMAJAN)
Proyecto Amigo de Huamachuco
Radio Cutivalú Piura
Red de Mujeres Rurales
Red de Mujeres Trans
Red Muqui
Red para la Infancia y la Familia (REDINFA)
Red Peruana Infanto Juvenil por el Buen Vivir (REDINJUV Perú)
REDAR
Resiste Marika Cusco
Resucita Perú
Secretaría Juvenil comunidad Juan Velasco Alvarado de Huamachuco-La Libertad
Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad (SEDYS) Trujillo
Servicios de Comunicación Intercultural (SERVINDI)
Servicios Educativos Rurales (SER)
Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú (SINTRAHOGARP)
Sumak Kawsay
Taki Warmi
Tinkuy Defensores Ambientales
Vicariato Apostólico de San Ramón – Satipo
Vicariato de Iquitos – Justicia y Paz
Vicariato de Jaén
Vicariato San José del Amazonas
Voces Violetas

Etiquetado consenso por los derechos humanos