La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechaza la solicitud presentada por el congresista José Cueto ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), mediante la cual pretende que se inicie un procedimiento sancionador contra nuestra institución y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Este tipo de acciones buscan deslegitimar y desacreditar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que ejercemos el derecho y la obligación de fiscalizar y cuestionar a las autoridades públicas cuando estas vulneran los principios de legalidad, transparencia e idoneidad institucional.
En ese marco, la carta enviada sobre el fiscal interino Tomás Gálvez Villegas no forma parte de ningún proyecto ni financiamiento de la cooperación internacional, sino del ejercicio legítimo y autónomo de defensa de la institucionalidad democrática y de los derechos fundamentales.
Con este pedido a la APCI, se vulnera nuestro derecho a la libertad de expresión como organización de la sociedad civil y queda en evidencia que, en los términos del propio congresista Cueto, la modificatoria de la Ley APCI busca acallar las voces críticas frente a investigaciones por presuntos actos de corrupción, como las referidas al caso de los denominados “Cuellos Blancos”.
Reafirmamos que la acción realizada por la CNDDHH constituye un acto democrático y de defensa del Estado de derecho, al expresar nuestra postura frente a cualquier intento de menoscabar el sistema de justicia, en coherencia con nuestro compromiso permanente con la democracia y los derechos humanos.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
